La
II Universidad de Verano de Los Verdes se celebrará este año en Navarra
del 29 de julio al 1 de agosto, centrada en la política municipal
Entre
los ponentes ya confirmados figuran Juantxo Uralde (Greenpeace),
Joaquín Nieto (Sustaintable Labour) y varios eurodiputados y concejales
de toda Europa (franceses, austriacos, alemanes, húngaros, ingleses,
etc.)
"Política municipal verde" es el eje temático sobre el que
girarán las cinco sesiones plenarias y los más de 20 talleres previstos
para la segunda Universidad Verde de Verano, una iniciativa del
movimiento verde que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto en la
localidad navarra de Beire, a 35 kilómetros de Pamplona.
Tras el positivo balance de la Universidad celebrada el año
pasado en Huesca, la cita de Navarra pretende dotar de herramientas
conceptuales y políticas a las y los militantes y simpatizantes de los
movimientos verdes, con la vista puesta en las próximas elecciones
municipales previstas para el año 2011.
Las plenarias previstas en estas jornadas girarán en torno a:
- La aplicación del "New Deal Verde" en las políticas locales y las alternativas verdes a la crisis.
-
La viabilidad en España de una experiencia como Europe Écologie
(candidatura francesa ecologista que integra diversas corrientes,
colectivos y personas representativas de la ecología política).
- Las soluciones locales a las crisis energética tras la fracasada cumbre de Copenhague.
-
La puesta en marcha de un parque internacional de los Pirineos, una
demanda impulsada principalmente por los verdes de Aragón, Navarra y de
los departamentos del sur de Francia.
En cuanto a
los talleres -más de veinte- abordarán temáticas tan diversas como la
salud ambiental y contaminación electromagnética, los derechos de los
consumidores, cómo defenderse de la SGAE en los ayuntamientos, la
gestión de residuos en perspectiva verde, protección de los animales,
las monedas complementarias y bancos del tiempo, los pueblos y ciudades
en transición, las mujeres en la política municipal, la economía social
y solidaria, energía renovable y empleo verde, el impacto de la
agricultura ecológica en las economías locales, cómo hacer una campaña
electoral con pocos recursos o la experiencia de diversas agrupaciones
de electores, como la de Ciudadanos de Villafranca (Badajoz).
Por el momento está confirmada la presencia de Juantxo Uralde (director de Greenpeace), Alejandro Sánchez (director ejecutivo de SEO/Bird Life), Joaquín Nieto (vice presidente de Sustainable Labour), la New Economics Fundation, Pedro Costa, Alejandro Arizkun (profesor titular de la Universidad Pública de Navarra), Carlos Rey (coordinador de REAS España), Brigitte Brozzio (secretaria internacional de Los Verdes franceses), Farid Bakht (secretario internacional de Los Verdes ingleses), Jean Rossiaud (ex-diputado de Los Verdes suizos), Stéphane Sitbon-Gómez (director de gabinete de Cécile Duflot, Francia y miembro de la ejecutiva del Partido Verde Europeo), Florent Marcellesi (coportavoz de la Coordinadora Verde), Sonia Ortiga (coportavoz de la Coordinadora Verde), Alice Leguiciaguecahar (diputada autonómica verde en Aquitania, Francia), Laia Ortiz (Diputada en el Parlament por ICV), Paco Iturbe (Plataforma de defensa de las montañas), José Camello Manzano (Libre Producciones), Manuel Cala (Presidente de GRAECO), Julio Gisbert (autor de Vivir sin empleo), el LMP (partido verde húngaro), la asociación Jóvenes Indígenas, Amalia Gonzalez de Paz (Comisión Europea), representante de la RADA (Red de Abogados ambientalistas), Barbara Neuroth (concejala verde de Viena, Austria), etc.
La Universidad Verde pretende ser ante todo un encuentro de
militantes de base -activistas del movimiento verde, simpatizantes,
ecologistas de todos los horizontes, movimientos sociales, ONGs,
asociaciones, expertos, etc.- orientado hacia la construcción de redes.
Para más información sobre los contenidos, las inscripciones y
otras cuestiones con este evento se puede consultar la página web www.universidadverde.es o dirigir las consultas a contacto@universidadverde.es
Los
Verdes creen que en la prórroga a la central nuclear de Almaraz han
primado los intereses particulares sobre el interés general
Critican al Gobierno por el incumplimiento de su programa electoral y a la industria nuclear por faltar a la verdad
Los Verdes de Extremadura consideran injustificable, desde todo
punto de vista, la renovación por 10 años más del permiso de
explotación de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz.
Desde el punto de vista político, pone en evidencia el incumplimiento
por parte del Gobierno del programa electoral del PSOE, una de cuyas
promesas electorales, tanto en 2004 como en 2008, fue la de un cierre
escalonado de las centrales nucleares españolas. Además, en varias
ocasiones, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
comprometió en el Congreso a fijar de forma consensuada un calendario
de cierre, calendario que nunca ha sido concretado. La decisión
posterior de establecer en 40 años la vida útil legal de las centrales
nucleares no es más que un subterfugio para tratar de justificar el
incumplimiento de ese importante compromiso electoral. Y la industria
nuclear está abogando por ampliar los plazos hasta los 60 años (el
director de la central nuclear de Almaraz ya habla de "preparar la
próxima renovación" del permiso, en 2020).
La
decisión es también contraria al desarrollo de las energías renovables
y al tránsito a un modelo energético sostenible y menos dependiente del
exterior, que el propio Gobierno también se comprometió a impulsar. De
hecho, la energía nuclear, cada vez con menos peso en el balance total
de producción eléctrica, ya está suponiendo un freno a la producción de
origen renovable, al impedir un pleno aprovechamiento de las fuentes
renovables. Así, en varias ocasiones se ha dado la paradoja de que Red
Eléctrica ha tenido que ordenar la parada de cientos de
aerogeneradores, que habrían sido capaces de satisfacer la demanda de
electricidad, por la rigidez técnica que impide a las centrales
nucleares modificar con rapidez sus niveles de producción.
Si a la decisión de mantener abiertas las centrales nucleares unimos
los recortes y las trabas que el Gobierno ha impuesto a las energías
renovables, que perjudican especialmente a las pequeñas empresas del
sector, la conclusión a la que debemos llegar es que en el diseño del
modelo energético español están primando los intereses de las grandes
empresas eléctricas sobre el interés general.
Y dichos intereses parecen primar también sobre la seguridad, pues no
tiene justificación y es irresponsable prolongar la vida de una central
que está sufriendo muchos más incidentes que la de Garoña, por ejemplo,
siendo la de Garoña más vieja y habiéndose fijado ya su cierre. Tampoco
tiene sentido autorizar que la central siga funcionando sobre la base
de que reúne las condiciones de seguridad para ello, y al mismo tiempo
exigir que cumpla con 13 condiciones y 17 nuevas instrucciones técnicas
que en este momento no cumple. Es decir, que ahora no es segura, por lo
que no debería estar en funcionamiento.
En
este sentido, los responsables de la central faltan a la verdad cuando
afirman que existe una "garantía de seguridad total". Al margen de que
esto es imposible, estamos ante una central que comunica más incidentes
que otras más antiguas, que tiene graves defectos de diseño, problemas
de refrigeración de los reactores y unos generadores que han vuelto a
reproducir viejos problemas de corrosión, a pesar de haber sido
sustituidos a un alto coste (entonces, cuando se cambiaron, se dijo que
el problema se había resuelto definitivamente).
Por
último, Los Verdes afirman que la industria nuclear falta a la verdad
cuando argumenta que la energía nuclear es imprescindible. Una muestra
de esta intoxicación mediática son las declaraciones del portavoz de la
central nuclear de Almaraz, Aniceto González, sobre un supuesto aumento
de la dependencia de la energía nuclear procedente de Francia en el
caso de que Almaraz hubiese cerrado. Esta pregonada dependencia
energética de Francia, como coartada para mantener abiertas las cada
vez más innecesarias centrales atómicas españolas, es falsa. Los
informes de Red Eléctrica Española demuestran que España es en realidad
exportadora neta de energía, es decir, que exporta a países como
Marruecos o Portugal más energía de la que importa de Francia.
Y de hecho, la autosuficiencia de la producción eléctrica española
sería mayor sin el obstáculo que representa la energía nuclear para el
desarrollo de las energías renovables, por los motivos técnicos
señalados de falta de flexibilidad de la producción nuclear, que impide
un mayor aprovechamiento de la energía que las fuentes renovables ya
son capaces de producir.
Los
Verdes piden a Zapatero que cumpla sus promesas, y que el Gobierno no
apruebe la renovación del permiso de explotación de Almaraz
Los Verdes de Extremadura y la Coordinadora Verde solicitan
al Presidente del Gobierno que cumpla sus promesas electorales y no
proceda a la renovación del permiso de explotación de la central
nuclear de Almaraz que expira mañana martes, 8 de Junio.
La central nuclear de Almaraz es cada vez más peligrosa e
insegura; en sus 30 años de historia tiene un amplio curriculum
de fallos y problemas de seguridad que aconsejan su cierre inmediato.
Además, asegura Los Verdes, es innecesaria para garantizar la
producción de energía. Las renovables ya hace tiempo que pueden
tomar el relevo a las nucleares que se deberían ir cerrando según
cumplen su permiso de explotación, y que de no ser así, supondrá para
las renovables un techo y un impedimento para su
desarrollo.
Los Verdes asegura que muchos
de los costes de la energía nuclear la pagamos entre todos los
ciudadanos, siendo, además de la opción energética más peligrosa,
también la más cara. Sus costes ocultos (la seguridad, la vigilancia,
la gestión de los residuos radioactivos durante miles de años o la
clausura de las plantas atómicas, …) que paga la sociedad en su
conjunto, son ejemplos evidentes de “la socialización de las
pérdidas de la industria nuclear y la privatización de sus beneficios”.
La salud, la seguridad de la población y las
tremendas consecuencias de un posible accidente nuclear, hacen que
cualquier decisión sobre la energía nuclear deba contar con la
participación de los ciudadanos, a los que en ningún momento se ha
informado o consultado sobre la renovación de Almaraz.
Los Verdes denuncian la doble vara de medir de la Junta de Extremadura
La Junta de Extremadura ha demostrado su enorme
contradicción e irresponsabilidad centrando el debate nuclear en
Extremadura exclusivamente en la candidatura del ATC de Albalá, y
desviando la atención sobre la renovación de Almaraz. La doble vara de
medir de su política energética, asegura el partido ecologista, es
siempre una apuesta a la galería y a la demagogia: firma
alegaciones en contra de la ubicación de un cementerio nuclear y al
mismo tiempo apoya la renovación de la vieja planta atómica de
Almaraz, la mayor instalación de residuos nucleares de España.
Su evidente incoherencia, es además tremendamente
insolidaria con el resto de comunidades del Estado español, ya que su
postura bien se podría resumir diciendo “queremos seguir
produciendo basura nuclear pero queremos que sean otros los que la
almacenen para la eternidad”.
En Extremadura, es
una paradoja que los mismos dirigentes que llegaron al poder luchando
en contra de la construcción de Valdecaballeros pidan hoy la prórroga
para Almaraz, olvidando que los argumentos con que defendieron su
tierra de la radioactividad son hoy tan válidos como ayer. Amén de que
no se pueden obviar importantes consideraciones, que hacen ahora más
que nunca, que la opción nuclear sea más contaminante, innecesaria y
peligrosa, sin hablar de la herencia envenenada que deja a las próximas
generaciones en forma de peligrosos residuos.
Los Verdes de Extremadura apoyan la huelga del 8-J en el sector público
Los
Verdes de Extremadura califican las medidas adoptadas por el Gobierno
Central de neoliberales, injustas y antisociales y piden a Fernández
Vara que no las respalde.
El eurodiputado
verde Daniel Cohn-Bendit tachó el pasado jueves en Barcelona de
"irracionales" las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero,
argumentando que "el recorte social del ejecutivo central no será
positivo para España puesto que no se aplicará ningún tipo de medida
que implique una reforma fiscal en clave ecológica y social". A su vez,
en el espacio estatal, la Coordinadora Verde las califica de "injustas,
antisociales, insolidarias y que suponen un 'mazazo' a los sectores más
débiles de la sociedad, por lo que manifiesta su rotundo rechazo a las
mismas".
Asimismo, y en Extremadura, el anuncio de
Guillermo Fernández Vara, de que adoptará las medidas “antidéficit”
propuestas por el presidente del Gobierno, hace a nuestro presidente
regional cómplice del fracaso del PSOE frente la actual crisis. Ponen
como ejemplo de lo contrario a Cataluña, donde Joan Herrera, diputado
ecologista, ha afirmado que "no aceptará" que el gobierno tripartito
catalán aplique recortes sociales para reducir el déficit público como
"mímesis" de las medidas anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero.
Los Verdes de Extremadura creen necesarias políticas de ajustes
que hagan sostenible nuestro modelo descentralizado de Administración,
pero sin recortes sociales. Asimismo asegura, que la política del
gobierno nacional y autonómico se ha mantenido a la deriva de los
mercados, improvisando una medida tras otra, incapaces de controlar el
déficit económico y de fijar un rumbo. Los actuales recortes nos
recuerda, afirma el partido ecologista, a las primeras medidas que se
implantaron en América Latina en los años ochenta que dieron lugar a
una profunda regresión social.
La formación
ecologista extremeña pide al presidente de Gobierno, que reconozca sus
graves errores en la gestión de la crisis y que actúe con
responsabilidad política. Para Los Verdes el paro en nuestro país es
consecuencia de un modelo económico profundamente insostenible y
anti-ecológico, basado en el crecimiento sin límites de la
construcción, que en época de bonanza económica, ni el PSOE, ni el PP
fueron capaces de cambiar. Sólo la crisis financiera internacional hizo
estallar definitivamente la burbuja inmobiliaria, provocando un parón
económico y un fuerte desempleo. Sólo en ese momento el gobierno habló
de un cambio de modelo económico para no hacer absolutamente nada,
echando mano alegremente del gasto público, en una huida irresponsable
hacia delante. Fundamentalmente con dos objetivos: proteger a la banca
privada española y evitar una mayor recesión a través del gasto
público, el mismo que ahora quiere “cargar” sobre los dependientes, los
jubilados y los empleados públicos, cuando es consecuencia de su
irresponsable gestión. Medidas irracionales en términos económicos e
injustas que no se han acompañado de medidas de control, ahorro y
eficiencia del gasto público. Portugal, sin ir más lejos, ha tomado
otras medidas y además por acuerdo nacional, lo que contrasta
extraordinariamente con la forma de actuar de José Luis Rodríguez
Zapatero.
Las medidas tomadas por el Gobierno,
afirma el partido ecologista extremeño, son injustas porque recaen casi
exclusivamente en quiénes menos han influido en generar la crisis y el
déficit. Esta crisis la han generado los especuladores, del ladrillo y
de los fondos de inversión, con gravísima responsabilidad de los
bancos. Mientras el Estado, en connivencia con los Ayuntamientos, ha
malgastado los fondos públicos, ya escasos, en adoquinar España de
forma precipitada, en nombre del Plan E, para un año después darse
cuenta de que las arcas estaban vacías y la inversión en adoquines no
había servido para avanzar hacia un nuevo modelo económico.
Desde los Verdes de Extremadura consideramos que de esta crisis,
que es financiera, económica, social y ecológica, no se puede salir con
viejas recetas proteccionistas o neo-liberales, porque estamos
asistiendo, no a una época de cambios, sino a un verdadero y
transcendental cambio de paradigma que requiere una nueva reformulación
del sistema en su conjunto y en definitiva del modelo de democracia que
queremos.
Por ello, Los Verdes de Extremadura
apoyan a los sindicatos convocantes del paro general en el sector
público de Extremadura el próximo 8 de junio.
Los Verdes de Extremadura eleva su protesta a Bruselas por los proyectos de las tres centrales térmicas en la comarca de Mérida
El Grupo Parlamentario de Los Verdes en el Europarlamento
presenta 4 preguntas a la Comisión Europea sobre las térmicas que se
quieren construir cerca del balneario de Alange y de la ciudad de
Mérida, patrimonio de la Humanidad
Los Verdes de Extremadura afirma, que las centrales térmicas que
las multinacionales energéticas quieren construir en la comarca de
Mérida, carecen de utilidad social, no generan trabajo, al contrario
destruirán empleos relacionados con el turismo y los productos de la
zona. No son necesarias en Extremadura, ya que exporta el 80% de la
energía que produce, y perjudicarían la salud de la población en un
radio de 60 km o más. Por último, hipotecarían nuestro futuro, el
derecho de emisión para otras industrias que puedan ser mucho menos
contaminantes y con mayor generación de empleo, el desarrollo
sostenible y la salud de todos.
Según informa el partido ecologista extremeño, miembro del
Partido Verde Europeo, Raul Romeva i Rueda, vicepresidente del
Grupo de los Verdes en el parlamento Europeo, presentó las siguientes
preguntas a la Comisión Europea, sobre diversos aspectos de la
protección del balneario de Alange, el empleo, la conservación del
patrimonio histórico y cultural y la protección de la salud, y la
posible vulneración de varias directivas europeas por los proyectos de
Centrales Térmicas en la comarca de Mérida.
1.-
¿Tenía información la Comisión de estos proyectos? ¿Considera probado
la Comisión, a partir de estudios contrastados para ello, que los
proyectos de La Zarza y Alange no afectarán en sus vertidos líquidos,
emisiones gaseosas o deposiciones de origen aéreo las fuentes del
manantial ni a los usuarios del balneario? ¿Considera la Comisión
Europea que puede haber una posible infracción de la Directiva Hábitats
(92/43/EEC) y Aves (79/409/EEC) en la ubicación de estas centrales
térmicas?
2.-
¿Tiene constancia la Comisión de que la administración haya realizado
estudios sobre la destrucción de empleo que conllevarán estos
proyectos, tanto en el sector turístico como en el agropecuario, y
sobre la merma de beneficios a estas empresas? ¿Considera que se están
contradiciendo las recomendaciones del programa “Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la UE” en sus objetivos de “Conservación y
gestión de recursos naturales” y “Salud Pública”, y que pueden
ser contrarios a la “Estrategia de Lisboa”?
3.-
Asimismo, considerando las emisiones atmosféricas de este tipo de
centrales y la proximidad de las tres ubicaciones previstas: ¿Puede la
Comisión Europea confirmar la incidencia de tres centrales térmicas en
un radio de 7 km. con arreglo al cumplimiento de las directivas
1999/30/CE sobre valores límites de dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno y óxido de nitrógeno, partículas y plomo en el aire, la
Directiva 2001 /80/ CE sobre límites de emisiones a la atmósfera, la
Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos, la Directiva 2002/3/CE relativa al ozono,
la directiva 2008/50/CE relativa a calidad del aire ambiente y a una
atmósfera limpia en Europa , y la Directiva IPPC (2008/1/EC)?
4.-
Así, ¿considera la Comisión que el gobierno de España ha cumplido con
sus obligaciones como garante de los derechos sociales,
económicos y de salud de sus ciudadanos, así como de la
debida protección de su patrimonio natural e histórico? ¿Tiene la
Comisión información sobre porqué omite la DIA del proyecto de Alange
el fuerte rechazo social, no tiene en consideración el impacto negativo
socioeconómico ni medioambiental, ni argumenta basándose en datos
contrastados ninguna de las alegaciones que en este sentido fueron
formuladas? ¿Cree la Comisión que se puede haber vulnerado la
mencionada "directiva EIA" (85/337/CEE), o la directiva 2003/4/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al
acceso del público a la información medioambiental?
El Partido Verde Europeo ha manifestado su apoyo a la campaña de
los Verdes extremeños contra las térmicas de la comarca de Mérida y ha
anunciado en breve una visita a Extremadura. Evaluará la información de
los proyectos de térmicas y refinería con las plataformas ciudadanas, y
visitará Alange, Mérida y Villafranca de los Barros, entre otras
poblaciones extremeñas. Asimismo, espera dar a conocer, junto con Los
Verdes de Extremadura, sus propuestas sociales y económicas para
nuestra región.
Los Verdes de Extremadura manifiestan su apoyo y solidaridad con Máximo García, encadenado a las puertas de Almaraz
La
generación de electricidad utilizando energía nuclear es más peligrosa
hoy que cuando se construyeron las viejas centrales atómicas
Los Verdes de Extremadura, formación política miembro del Partido
Verde Europeo, manifiesta su apoyo y solidaridad con Máximo García,
presidente de la Plataforma de Afectados por la Central Nuclear de
Almaraz, que se encuentra encadenado a las puertas de dicha
instalación para pedir el cierre definitivo de los dos reactores
atómicos de Almaraz.
El informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
que remitió la semana pasada al Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y la disposición de la Junta de Extremadura de apoyar la
renovación de la licencia de explotación de Almaraz por un
periodo adicional de diez años (2010-2020), ha motivado el
encadenamiento de Máximo García, activista anti-nuclear desde 1995,
fecha en la que su hijo padeció sarcoma de Edwin, un tipo de tumor
maligno en los huesos. Máximo siempre ha pedido un estudio
epidemiológico que determine las personas afectadas en su salud por la
central de Almaraz y sus posibles responsabilidades.
Los Verdes de Extremadura pide al Gobierno central que no renueve
la licencia de la explotación de la central nuclear de Almaraz, a pesar
del informe favorable CSN, y que se realice un estudio epidemiológico
de las comarcas de "Campo Arañuelo" y "La Vera".
La formación ecologista extremeña recuerda que el calendario de
cierre de las plantas atómicas es una promesa electoral de José Luís
Rodríguez Zapatero que ya incumplió en la pasada legislatura. Frente a
la posición mayoritariamente favorable del PP a favor de la energía
nuclear, el PSOE se mueve dentro de la ambigüedad y la propaganda de lo
políticamente correcto. Pero cada día, afirma Los Verdes, es más
evidente que la política energética del Ministerio de Industria
que dirige Miguel Sebastián va dirigida al acoso y derribo a las
energías renovables y al apoyo a la energía nuclear.
En Extremadura, es una paradoja que los mismos dirigentes que
llegaron al poder luchando en contra de la construcción de
Valdecaballeros pidan hoy la prórroga para Almaraz, olvidando que los
argumentos con que defendieron su tierra de la radioactividad son hoy
tan válidos como ayer. Amén de que no se pueden obviar importantes
consideraciones, que hacen ahora más que nunca, que la opción nuclear
sea más contaminante, innecesaria y peligrosa, sin hablar de la
herencia envenenada que deja a las próximas generaciones en forma de
peligrosos residuos.
La generación de electricidad utilizando energía nuclear es más
peligrosa hoy que cuando se construyeron las viejas centrales
atómicas por varias razones:
1.-
La liberalización del mercado eléctrico ha llevado a ejercer políticas
de reducción de costes en las empresas propietarias de las centrales:
disminución de los recursos económicos para el mantenimiento y
supervisión de las instalaciones, varios niveles de subcontratación en
sus plantillas, falta de formación y profesionalidad, así como
reducción de su personal e incorporación de nuevos trabajadores sin la
necesaria experiencia.
2.-
Un importante incremento de incidentes, de mayor o menor gravedad,
debido al creciente agotamiento de la vida útil de las centrales
nucleares. El proceso de envejecimiento está llevando a un
debilitamiento gradual de los materiales utilizados para construir las
centrales nucleares que han sufrido deterioro como resultado de los
altos niveles de radiación a los que han sido expuestos. El fallo de
algunos componentes críticos, como la vasija del reactor, es hoy más
posible que ayer, y sus consecuencias producirían un escape radiactivo
de enorme gravedad.
3.-
El terrorismo internacional que tan duramente ha golpeado nuestro país,
tiene como objetivo de primer orden las instalaciones nucleares. Hoy,
tenemos que enfrentarnos a nuevas amenazas, lo que ha hecho que los
gastos en seguridad civil y militar en el entorno de las centrales
nucleares haya aumentado, aunque este coste sigue sin aparecer en el
precio del Kw nuclear.
4.-
Las renovables ya no son una promesa, son una realidad; la generación
eléctrica de origen renovable supera a las centrales nucleares en
España, 26% de la renovables, frente a un 19% de la nuclear. Las
renovables cuentan con más de un millar de empresas en España, un
valor social que poco tiene que ver con la concentración intensiva de
capital que representan las instalaciones nucleares.
5.-
La ocultación e incluso falsificación de información referente a la
seguridad, es un claro ejemplo de cómo los propietarios de las
centrales priman el criterio de rentabilidad económica por delante del
principio de seguridad, una actuación a todas luces irresponsable. Sólo
así se explica que la dirección de Ascó ocultara información al Consejo
de Seguridad Nuclear y manipulara los detectores de radioactividad en
los circuitos de refrigeración, dando lugar a que varios colegios
visitaran sus instalaciones sin saber que el líquido del reactor acabó
en el sistema de ventilación.
“Hoy más que nunca la nuclear no es la solución; su energía es
cara, contaminante y muy peligrosa, y no hay compañía de seguros, ni
político en la Tierra que pueda asegurar los daños medioambientales y
humanos de un posible accidente nuclear” asegura Francisco Folguera,
coportavoz de Los Verdes de Extremadura.
Los
Verdes de Extremadura piden que se anule el proceso de selección del
emplazamiento del cementerio nuclear iniciado por el Ministerio de
Industria, y presentan alegaciones contra la candidatura de Albalá
Los
Verdes denuncian la incoherencia de la Junta de Extremadura, y
solicitan que por “pudor” utilice los mismos argumentos que esgrime
contra el ATC en proyectos como Térmicas y Refinería
Los Verdes de Extremadura han
presentado alegaciones contra la instalación del Almacén Temporal
Centralizado de residuos nucleares de alta actividad en la localidad
cacereña de Albalá y han colaborado, al igual que otras
organizaciones, en la recogida y presentación de cientos de
alegaciones individuales de ciudadanos.
Los Verdes han solicitado al Ministerio de
Industria que se rechace la candidatura de Albalá en el procedimiento
para la selección del emplazamiento del ATC y su centro tecnológico
asociado, por considerar que esa ubicación no reúne los requisitos
mínimos exigibles para este tipo de instalaciones y porque la comarca
en la que se ubicaría, la Sierra de Montánchez, se vería seriamente
afectada en su desarrollo.
En la comarca hay 7 espacios naturales protegidos
de la Red Natura 2000, 3 de ellos a 2 km. del término municipal de
Albalá, lo que, lindes administrativas aparte, en la práctica debería
suponer la aplicación de uno de los criterios de exclusión establecidos
por el Consejo de Seguridad Nuclear: "El emplazamiento se ubicará fuera
de las áreas que forman parte de la red europea de Conservación de la
Naturaleza Natura 2000". A este respecto, hay que señalar que la a
Junta Rectora de la ZEPA de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ha
aprobado una moción en contra del ATC.
Por otro lado, la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra de Montánchez, que también se ha posicionado en contra de la
instalación del ATC, está apostando por un desarrollo rural basado en
la producción agropecuaria de calidad, el turismo y la puesta en valor
del rico patrimonio natural, histórico y cultural de la zona. Dicho
modelo de desarrollo, aunque sólo fuera por cuestión de imagen, es
totalmente incompatible con un cementerio nuclear.
Otro inconveniente grave de la ubicación propuesta
es la imposibilidad de transportar los residuos radioactivos por
ferrocarril, por lo que tendrían que ser llevados a Albalá por
carretera, con el consiguiente aumento del riesgo de accidentes.
Al margen de las consideraciones
particulares sobre la candidatura de Albalá, en el escrito presentado a
la Secretaría de Estado de Energía, Los Verdes de Extremadura piden
además que todo el procedimiento para la selección del emplazamiento
del ATC sea anulado, por incumplir con el compromiso de activar los
mecanismos de información y participación pública que permitiesen
alcanzar un amplio consenso político, institucional y territorial, tal
como recogía la Resolución parlamentaria por la que se instó la
creación de la Comisión Interministerial encargada de iniciar ese
proceso.
En opinión de Los Verdes, el procedimiento elegido
no sólo ha hurtado a las comunidades autónomas el papel que estaba
previsto que iban a tener y ha eludido la búsqueda del consenso social
y territorial que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, estableció como necesario en 2006, en el debate sobre el
estado de la nación. Se trata además de un procedimiento de legitimidad
cuestionable por cuanto vulnera el Convenio de Aarhus sobre el acceso a
la información y la participación del público y porque la propia
fórmula elegida -a través de la resolución de una Secretaría de Estado
que se atribuye una potestad reglamentaria que una simple resolución
administrativa no debe tener- no parece la más adecuada para solventar
una cuestión de este calado. De hecho, la Audiencia Nacional ya ha dado
luz verde a la presentación de una demanda contra el proceso anunciada
por Greenpeace.
Los Verdes
denuncian la doble vara de medir de la Junta de Extremadura
Finalmente, Los Verdes quieren manifestar su
satisfacción por la presentación de alegaciones contra el ATC por parte
de la Junta de Extremadura. No obstante, causa desconcierto que gran
parte de los argumentos esgrimidos por el Director General de Industria
y Política Energética, José Luis Andrade, para oponerse al ATC, sean
coincidentes con los que Los Verdes y diversos colectivos sociales
llevan varios años exponiendo sobre varios proyectos industriales
altamente contaminantes y que sin embargo cuentan con el beneplácito
del gobierno regional.
Si la Junta considera que Extremadura, al generar
tres veces más energía de la que consume, ya ha mostrado "sobradamente"
su solidaridad con el resto de España, y que la instalación del ATC en
Albalá supondría un abuso de esa solidaridad, Los Verdes se preguntan
por qué no se aplica el mismo planteamiento en el caso de las tres
centrales térmicas proyectadas en la comarca de Mérida, cuando otras
regiones, consumidoras netas de energía, se oponen a la instalación de
estas insalubres industrias.
A Los Verdes les resulta aún más chocante que la
Junta de Extremadura alegue que la ubicación del ATC estaría a poca
distancia de una Zona de Especial Protección para las Aves, cuando los
proyectos industriales contaminantes que la Junta respalda estarían aún
más cerca de diversos espacios protegidos de la Red Natura 2000, y esa
ha sido precisamente una de las alegaciones que en su día miles de
ciudadanos han presentado también a esos proyectos.
Los Verdes creen que la Junta de Extremadura no
puede justificar esta incoherencia, esta doble vara de medir, y puesto
que el gobierno extremeño ha hecho lo correcto al alegar contra el ATC
y parece haberse dado cuenta ahora, con varios años de retraso, de la
importancia del entorno natural a la hora de decidir la idoneidad o
inconveniencia de construir unas instalaciones peligrosas,
Los Verdes esperan que a partir de ahora la Junta de Extremadura se
aplique los mismos argumentos y se sume a los movimientos ciudadanos
para impedir que salgan adelante los proyectos de industrias
contaminantes que actualmente amenazan el medio ambiente y la salud de
los extremeños. Si no lo hace, es decir, si defiende en un caso lo
mismo que niega e ignora en otro, para Los Verdes se trataría de una
escandalosa muestra, no ya de parcialidad, sino de hipocresía y de
falta de pudor.
Los Verdes critican que el Ayuntamiento de Valverde de Mérida haya aceptado el canon de sustitución de la multinacional Siemens
El miércoles 24 de marzo de 2010, el Ayuntamiento de Valverde de
Mérida aceptó el canon de sustitución de 10 millones de euros de la
multinacional Siemens, con los votos de populares y socialistas.
Los tres concejales del grupo popular y los tres socialistas han
unido sus votos para su aceptación. Los tres del grupo independiente se
han mantenido firmes en su oposición al proyecto, votando en contra de
la aceptación del canon de 10 millones de euros, informó el partido
político Los Verdes de Extremadura.
El Partido
Popular de Valverde de Mérida, mientras dice mantener su promesa
electoral de oponerse a las térmicas, y ante el asombro de los vecinos
que acudieron al salón de plenos del Ayuntamiento, aceptó el convenio
urbanístico con Siemens, el mismo que, en el Pleno de 30 de
septiembre de 2009, se comprometió a no firmar. Por su parte, el
partido socialista muestra su satisfacción por el cambio de parecer de
los populares, y el alcalde, el popular Pedro Vizcaíno Ramírez, intenta
sofocar las protestas de los vecinos advirtiendo con el desalojo de la
sala.
Los populares y socialistas de Valverde,
asegura el partido ecologista, dan luz verde a la calificación de los
terrenos por parte de la Junta de Extremadura, una vez que se haya
obtenido el resto de permisos administrativos que necesita un proyecto
como este. El Ayuntamiento de Valverde pierde así, cualquier
posibilidad real de oponerse al proyecto por el incumplimiento de las
promesas electorales del partido popular, digan lo que digan a partir
de ahora, afirma Los Verdes de Extremadura.
Los
Verdes agradecen el interés de los vecinos y la firmeza de los
independientes, algo poco usual en la política municipal cuando
intervienen proyectos de esta envergadura, donde lo normal, como ha
demostrado Valverde de Mérida, es cambiar el voto y responsabilizar a
otros, en alusión a la posible calificación de los terrenos por parte
de la Junta de Extremadura.
El suelo sobre el que
Siemens pretende construir la Central Térmica de Ciclo Combinado,
está clasificado como suelo no urbanizable por el planeamiento del
municipio de Valverde de Mérida. Y por eso, y ante la negativa del
Ayuntamiento a su recalificación, la empresa pidió la calificación
urbanística de los terrenos a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, órgano competente de la Junta Extremadura para la
calificación de terrenos en municipios de menos de 20.000 habitantes
según la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
Según dicha Ley, el Ayuntamiento de Valverde de Mérida debería
firmar como requerimiento imprescindible para la calificación de los
terrenos, amén de todos los permisos administrativos necesarios, un
convenio urbanístico con la empresa en el que aceptaría el 15 por
ciento del terreno rústico donde se pretende ubicar la Central Térmica
o el canon sustitutivo del 2 por ciento del importe total de la
inversión, ofreciendo la empresa 10 millones de euros, en caso de que
el canon no alcanzase dicha cantidad.
Según la
consulta realizada por Los Verdes de Extremadura a López Lax Abogados,
bufete especializado en derecho medioambiental, la decisión de
aceptación del canon o los terrenos carece de sentido en el momento
actual del proyecto, y no es de aceptación obligada por carecer el
proyecto de autorización ambiental integrada, autorización
administrativa del Ministerio de Industria, y demás autorizaciones
exigibles. Además, según el informe jurídico, el proyecto puede sufrir
importantes modificaciones estructurales al incorporar medidas
correctoras y compensatorias, que pueden variar la inversión
que va a requerir y sus necesidades de suelo, por lo que se
considera que su aceptación, como así ha sido, puede comprometer
innecesariamente los intereses del municipio en perjuicio del interés
general y del patrimonio municipal.
Los Verdes invitan a Fernández
Vara a sumarse a la manifestación contra el cementerio nuclear en
Albalá
Los Verdes participarán en la manifestación contra el
cementerio
nuclear convocada en Albalá este domingo, 21 de marzo, a las 12 horas,
e invitan al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, a que asista y sume su voz a la protesta ciudadana, para reforzar
así la oposición de Extremadura a la posible instalación en nuestra
región del almacén que centralizaría los residuos radioactivos de todas
las centrales nucleares españolas.
Los
Verdes creen que no basta con que Fernández Vara haya declarado su
oposición al cementerio nuclear, sino que debe pasar a la acción, tal
como han hecho los responsables políticos de otras comunidades
autónomas. En este sentido, Los Verdes animan a Vara a que siga el
ejemplo del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien
se manifestó contra el ATC el pasado 27 de febrero en Guadalajara en
compañía de varios consejeros y de destacados miembros del PSOE
castellano-manchego, incluidos varios diputados y senadores.
Es
importante señalar que el procedimiento elegido por el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, ha ignorado a las comunidades autónomas,
incumpliendo el compromiso de contar con ellas para lograr un consenso
social y territorial, tal como recogía la Resolución por la que se creó
la Comisión Interministerial encargada de iniciar el proceso.
La
fórmula de pasar por encima de las comunidades autónomas y buscar
municipios candidatos, tentándolos con fuertes inyecciones de dinero
público y sin importar lo que opine su entorno comarcal y regional, no
sólo es antidemocrática, sino que es muy cuestionable en cuanto a su
legitimidad, porque además de renunciar a la búsqueda del consenso se
ha vulnerado el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información y
la participación del público. De hecho, la Resolución sobre el ATC
aprobada el 11 de marzo por el Parlamento de Cataluña alude
expresamente al incumplimiento de ese requisito como un motivo
determinante para oponerse a la instalación del cementerio nuclear en
esa comunidad.
Las comunidades autónomas, por tanto, tienen
mucho que decir sobre este asunto, empezando por reclamar el importante
papel que un procedimiento ilegítimo les ha hurtado, y al igual que
Cataluña o Castilla-La Mancha, que están haciendo los deberes,
Extremadura debe responder con la misma contundencia. Los Verdes opinan
que la presencia de Fernández Vara el domingo en Albalá emitiría ese
mensaje, absolutamente necesario.
Los Verdes consideran
necesario recordar que el problema de los residuos radioactivos existe
porque durante décadas éstos han sido generados por las centrales
nucleares de forma irresponsable, puesto que no existía ni existe una
solución técnica para gestionarlos satisfactoriamente. Y que antes de
plantear la ubicación de un almacén centralizado habría que contar con
un calendario de cierre de las centrales nucleares, para detener la
producción de residuos, ya que mientras éstos sigan generándose el
problema seguirá aumentando y será imposible llegar a una resolución
definitiva del mismo. De hecho, la instalación del ATC agrava el
problema, pues muy probablemente lleve aparejado un centro de
investigación con un reactor nuclear experimental, que a su vez genera
residuos radioactivos.
Cada día hay menos dudas de que el futuro
está en las energías renovables, cuya producción ya hace años que
supera a la producción de energía de origen nuclear. Sin embargo, para
llegar a ese futuro es preciso que se produzca el cierre escalonado de
las centrales nucleares, pues además de los residuos radioactivos
actualmente la energía atómica está teniendo ya otro efecto indeseable,
al impedir un pleno aprovechamiento de las energías renovables por
culpa de la falta de flexibilidad de las centrales nucleares para
adaptar su producción a la demanda de cada momento. Así por ejemplo, el
pasado mes de febrero Red Eléctrica de España tuvo que ordenar la
parada de cientos de aerogeneradores, que estaban cubriendo con energía
eólica más del 40% de la demanda total de electricidad, ante la
imposibilidad de regular la producción de las centrales nucleares. Es
decir, habiendo disponibilidad abundante de electricidad de origen
renovable, no pudo aprovecharse y se desperdició por culpa de la
rigidez técnica que impide a las centrales nucleares modificar con
rapidez sus niveles de producción.
Los Verdes denuncian
el encubrimiento de la realidad medioambiental del Grupo
Socialista y el Grupo Popular en la Asamblea
La tramitación en la Asamblea del proyecto de Ley de Calidad
Ambiental de Extremadura, con el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo
Popular, ha sido calificado por Los Verdes de Extremadura como un
cínico y demagógico espectáculo de encubrimiento de la realidad
medioambiental. En palabras de Ramón Luengo, coportavoz del partido
ecologista, "es la máxima expresión de la política del engaño o el
juego de la confusión, consistente en decir lo políticamente correcto
mientras se hace justo lo contrario de lo que se dice."
En los últimos años nuestra región ha sufrido la peor de las
políticas medioambientales posibles por parte de su Administración, que
ha apostado fuertemente por los intereses de las industrias más
contaminantes y ha causado gran asombro en los foros nacionales e
internacionales reivindicando un imaginario y sorprendente derecho a
contaminar. Por su parte, la oposición política ha sido nula, cómplice
y veleta, como ha demostrado la posición del Partido Popular de
Extremadura, que ha movilizado a sus simpatizantes primero en contra y
luego a favor del proyecto de la refinería de petróleo en Tierra de
Barros y no ha llevado a cabo ninguna acción significativa en contra de
la construcción de las centrales térmicas que amenazan la comarca de
Mérida.
Para Los Verdes, el Consejero de
Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, carece de la
más mínima credibilidad cuando afirma que la ley asegurará los derechos
de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia
en materia de medio ambiente. ¿Quiere esto decir, se pregunta el
partido ecologista, que a partir de esta ley se va a respetar por fin
el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Qué se organizarán por
parte de la Administración debates públicos y plurales sobre los
proyectos de industrias contaminantes que amenazan nuestra región? ¿Qué
la Administración actuará por fin con criterios de objetividad y
retirará su apoyo incondicional a proyectos como la refinería de
petróleo o las térmicas? ¿Qué se va a informar de los permisos de
prospección concedidos a la empresa canadiense Mawson para una posible
reapertura de la minería de uranio en nuestra región? ¿Qué se informará
a los ciudadanos sobre qué tipo y cantidad de residuos radiactivos se
encuentran enterrados en las antiguas minas de La Haba?
Hasta ahora, asegura Francisco Folguera, coportavoz de Los
Verdes, "la Administración ha hecho todo lo contrario, ha apoyado con
descarada parcialidad los proyectos de la refinería y las centrales
térmicas y ha impedido el acceso a la información de los ciudadanos,
como evidencian las múltiples denuncias ante los tribunales de justicia
de Extremadura, Bruselas y la ONU por incumplimiento del Convenio de
Aarhus, ratificado por la Unión Europea, y por tanto de obligado
cumplimento por cualquier Administración pública española, y cuyos
pilares básicos coinciden con lo que José Luis Navarro ha asegurado que
está ley va a garantizar."
La respuesta firme,
coherente y con argumentos a los proyectos industriales insostenibles
apoyados por la Administración regional y contrarios al propio concepto
de calidad ambiental que ahora se pretende defender, se ha realizado
principalmente por las plataformas ciudadanas y movimientos sociales
que han reivindicado su derecho a vivir en un entorno saludable, el
acceso a la información medioambiental que se les ha negado y su
participación en el debate público. Un ejemplo, aseguran Los Verdes, es
la negativa a conceder una entrevista a la Plataforma Ciudadana
Refinería No por parte del presidente de la Junta de Extremadura
(Ibarra antes y Vara ahora), desde que en diciembre de 2004 se
anunciara el proyecto como una “decisión política tomada”, en palabras
J. C. Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura.
Para Los Verdes de Extremadura la Ley de Calidad Ambiental no
cambiará, lamentablemente, las políticas medioambientales de la Junta
de Extremadura, que ha demostrado que lo único que desea cambiar es el
lenguaje para que todo siga igual, en un vano esfuerzo por incluir
palabras que hoy forman parte del discurso políticamente correcto en
todo el mundo. Con las prisas porque esto así sea, los socialistas
extremeños quieren pasar rápidamente de su negación del cambio
climático a la propaganda de lo contrario como hacen las
multinacionales energéticas.
Otro de los males
endémicos de nuestra la Administración regional es el uso y el abuso
del eufemismo político. El malogrado decreto de ciudades mixtas es un
ejemplo: pretendía cambiar el uso de suelos no urbanizables o en
algunos casos protegidos por directivas europeas, en complejos
turísticos asociados a urbanizaciones y hoteles de lujo, campos de golf
y deportes náuticos incumpliendo la Ley Autonómica del Suelo, como así
sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por un
supuesto interés social. Leyes como ésta de la Calidad Ambiental o el
decreto de las ciudades mixtas, que se presentan con la retórica de
decir justo lo contrario de lo que se quiere hacer, ahondan aún más en
el abismo que separa a la sociedad civil de la clase política, como
refleja la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas) en donde la política en general y los partidos políticos
en particular son considerados ya el tercer problema nacional.
La realidad, asegura el partido ecologista, es que el
Consejero
de Medioambiente es en realidad el de Industria y Energía, que mantiene
su apoyo a las innecesarias centrales térmicas de la comarca de Mérida,
sin argumentos para responder a la ignorancia que dice haber encontrado
en Mérida, según recientes declaraciones a un periódico local. Y la
realidad es que el presidente de la Junta de Extremadura, que se
posiciona en contra de un posible cementerio nuclear, al mismo tiempo
apoya la renovación de la vieja central atómica de Almaraz, que ya
almacena en sus piscinas más de mil toneladas de residuos radiactivos
de alta actividad, casi una tercera parte del total existente en España.
No se puede, y Guillermo Fernández Vara debe saberlo, poner
al
zorro a cuidar las gallinas, que es lo que en realidad representa la
Consejería de Industria y Energía, en donde todos sabemos cual es el
interés que prevalece, como así se ha demostrado en infinidad de
ocasiones.
" La apuesta de la Administración
regional por un modelo desarrollista contaminante y obsoleto es
incompatible con la calidad ambiental y con el desarrollo sostenible,
por lo que mientras no se produzca un giro de 180 grados en la política
económica y ecológica de la Junta de Extremadura la Ley de Calidad
Ambiental será sólo papel mojado con el que intentar hacer un lavado de
imagen", concluyen Los Verdes.
“La Extremadura verde” viaja al
Congreso de los Diputados
El
Grupo Parlamentario europeo de Los Verdes presentará los días 28 y 29
de enero, en el Congreso de los Diputados, su proyecto verde ante la
presidencia de España en la Unión Europea.
La Plataforma Ciudadana Refinería No y la Federación de
Térmicas
No de Extremadura asistirán acompañados por Los Verdes de Extremadura.
Las jornadas “La Presidencia española de la UE y las
prioridades
verdes”, organizadas con motivo de la reunión en Madrid del Grupo
Parlamentario europeo de Los Verdes, serán una estupenda oportunidad
para dar a conocer en nuestro país la alternativa verde y su modelo
económico y social frente a la crisis y el desempleo: el “New Deal”
verde. En su presentación, Los Verdes han contado con la presencia de
importantes personalidades del movimiento ecologista español, como
Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción, Mar Asunción, de WWF
España y Juancho López Uralde, Presidente de Greenpeace-España, entre
otros, así como destacados miembros de la ecología política en España y
en Europa. Inaugurará los actos el Presidente del Congreso, José Bono,
y Rebecca Harms, Co-Presidenta del Grupo Parlamentario Verdes/ALE.
Los Verdes de Extremadura, integrado en el Partido Verde
Europeo
y la Coordinadora Verde de Hondarribia (plataforma que impulsa la
ecología política en España), ha invitado a la Plataforma Ciudadana
Refinería No y a la Federación de Térmicas No de Extremadura a la
asistencia a dichos actos, que junto con otros movimientos sociales y
ecologistas de toda España que asistirán a petición de la Coordinadora
Verde, han demostrado su compromiso con la salud y el derecho de los
ciudadanos a vivir en un entorno saludable y de verdadero desarrollo
sostenible. Leonardo Clemente y Manuel Nogales, portavoces de la
Plataforma Ciudadana Refinería No y de la Federación de Térmicas No de
Extremadura respectivamente, acompañarán en los actos del Congreso a
Francisco Folguera, co-portavoz de Los Verdes de Extremadura. “En
Europa y en el mundo la ideología que ha triunfado es la que ha
antepuesto los beneficios generados por los sectores contaminantes al
medio ambiente y la salud pública, frente al derecho de los
ciudadanos”, asegura Francisco Folguera. “Por ese motivo –continúa- los
políticos extremeños muestran su ceguera ante el pretendido plan de
desarrollo basado en las industrias más contaminantes, y los líderes
mundiales no son capaces de hacer frente al problema del cambio
climático a pesar de sus graves consecuencias económicas y sociales
para toda la humanidad.
Franklin D. Roosevelt,
presidente norteamericano entre 1933 y 1937, puso en marcha un conjunto
de medidas económicas, conocidas como New Deal (Nuevo Trato o Nuevo
Reparto de Cartas, como se traduciría al español), para hacer frente a
la grave crisis económica de 1929. El New Deal verde, recupera la idea,
pero esta vez el nuevo contrato social tendría un carácter verde, es
decir, orientado a la sostenibilidad ambiental; una Economía Verde
respetuosa con las personas del planeta y el medioambiente.
Para Los Verdes, un cambio de rumbo en el actual modelo
económico
(caduco, especulador y abusivo), no es sólo un cambio en el lenguaje,
como pretenden algunos. La socialdemocracia, según Los Verdes, sin
respuestas a la crisis que signifique un verdadero cambio de modelo, ha
optado por utilizar el lenguaje ecologista para que todo siga igual
-“economía sostenible, empleo verde, renovables y eficiencia
energética, etc”-. Y por otro lado, la mayoría neoliberal del
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea son culpables de
ceder ante las exigencias de los grupos de presión industriales,
anteponiendo los beneficios a corto plazo al interés general.
Desde 1984, en el Parlamento Europeo Los Verdes hemos
impulsado
las políticas sociales más avanzadas en los derechos de los
trabajadores, más allá de la aritmética de nuestros escaños. Mientras
otros, han utilizado el “mantra de la competitividad y del crecimiento”
para reducir las condiciones sociales y laborales de los trabajadores.
Europa, para Los Verdes, debe dar ejemplo en reforzar los derechos de
los trabajadores, en lugar de competir por ver quién establece el
salario y las condiciones laborales más bajas. Así mismo, nos hemos
mostrado profundamente en contra de las políticas que desde la Unión
Europea y sus Estados miembros debilitan los servicios públicos, como
la sanidad o la educación, por el bien de la competencia. Los Verdes,
desde su más profundo pacifismo, manifiestan la necesidad de seguir
luchando por una Europa sostenible, social y verdaderamente
democrática, en donde los servicios públicos son esenciales para el
interés general y la Administración debe garantizar su acceso y
universalidad.
Los Verdes llevan mucho tiempo
abogando por la introducción de una tasa sobre las transacciones
financieras de carácter especulativo, que reduciría la especulación y
generaría recursos que podrían emplearse para financiar diversos
objetivos ambientales y sociales que actualmente reciben poca o ninguna
financiación. Se deben controlar los mercados financieros para que
dejen de ser casinos donde los hogares y la supervivencia de la gente
son las fichas de la apuesta. Su naturaleza transnacional requiere una
respuesta coordinada a escala europea y mundial, según Los Verdes.
El «New Deal» verde da prioridad al comercio justo y denuncia
el
poder de Europa en las negociaciones internacionales que a menudo se
emplea para conseguir un buen trato para los ricos a expensas de las
condiciones económicas, sociales y ambientales de los pobres. Debemos
hacer que la Organización Mundial del Comercio transforme su programa
de libre comercio en un programa de comercio justo y sostenible, dando
prioridad a la protección de los bienes comunes y a la reducción de la
pobreza.
Para el co-portavoz de Los Verdes de
Extremadura, Francisco Folguera, “en España, donde la presencia de la
ecología política en las instituciones es menor que en otros países, la
terminología verde está siendo utilizada a modo de retórica
políticamente correcta, como propaganda de una Administración
socialista sin ideas para salir de la crisis, que no cumple con sus
compromisos internacionales contra el cambio climático ni con sus
promesas electorales sobre el cierre de las plantas atómicas, y que ha
convertido a España en el granero del maíz transgénico de toda Europa”.
Las crisis del desarrollismo de los modelos capitalista o comunista,
continúa Folguera, se transforma siempre a corto o medio plazo en una
crisis social. Un ejemplo: en España, la grave crisis ecológica que
significó el desarrollismo basado en el monocultivo del ladrillo,
potenciado por los gobiernos conservadores y socialistas, ha provocado
la peor crisis social de la democracia: “el descontrolado paro que
sufre nuestro país”.
Una parte central de los
actos organizados en Madrid se centrará en la nueva política energética
europea y la reestructuración de la economía para librarse de la
dependencia del petróleo e ir hacia tecnologías más limpias y menos
centralizadas. Luchar contra el cambio climático y un nuevo rumbo a una
economía más ecológica, mejorará la calidad de vida y la salud de los
ciudadanos, creará empleo y nos harán más autosuficientes, reduciendo
nuestra perjudicial dependencia de las importaciones de combustibles
fósiles y alejándonos de los peligros de la producción de la energía
nuclear y sus residuos, aseguran Los Verdes.
Para
los Verdes las últimas polémicas en Extremadura y en España sobre el
mal llamado almacén temporal de residuos nucleares (miles de toneladas,
cuya vida activa en algunos casos llegará a los 20.000 años) pone de
manifiesto, una vez más, el doble lenguaje de la Administración. Los
Verdes no podemos aceptar ningún planteamiento de solución a los
residuos mientras no se resuelva de verdad, y con un calendario, el
cierre de las viejas centrales atómicas españolas. Cualquier otra
opción es dar salida a la continuidad de la apuesta nuclear y a su
posible repunte como plantea el lobby nuclear en repetidas ocasiones.
La opción nuclear es la más peligrosa y la más cara, incluyendo el
coste de su ciclo de vida y desmantelamiento, concluye a este respecto
el partido ecologista extremeño.
La Unión
Europea, según Los Verdes, puede y debe reducir las emisiones en un 40%
y reducir el consumo energético un 20% de aquí a 2020, en comparación
con los niveles de 1990. Además, Europa debe desempeñar el papel de
liderazgo, que no pudo llevar a cabo en Copenhague, en el
establecimiento de un acuerdo internacional vinculante sobre el clima
en la próxima conferencia a desarrollar a finales de este año en México
en el marco de las Naciones Unidas. Las oportunidades para evitar la
catástrofe climática, según la comunidad científica internacional, se
acaban.
En opinión de Los Verdes, los ciudadanos
tienen que tener acceso a alimentos saludables a precios justos, en
lugar de las opciones limitadas que ofrece actualmente la industria
alimentaria. Las políticas agrícola, pesquera y alimentaria en Europa
deberían fomentar la responsabilidad mutua entre agricultores,
pescadores, autoridades y consumidores. Los Verdes quieren prohibir los
organismos genéticamente modificados (OGM) en toda la Unión Europea, de
la que España es el primer productor, conservar la biodiversidad y los
recursos hídricos, además de mejorar la fertilidad de la tierra y
reducir el empleo de plaguicidas y fertilizantes tóxicos y
contaminantes. Las cosechas genéticamente modificadas suponen una seria
amenaza a la salud y la biodiversidad.
Los Verdes
no queremos que se nos copie el lenguaje formal de la ecología política
sino que se apliquen ya verdaderas políticas verdes, las únicas que
pueden garantizar a los ciudadanos europeos y españoles una buena
calidad de vida basada en la sostenibilidad económica, social y
ambiental, y hacer frente a los desafíos sociales, económicos y
ambientales, que hoy superan las fronteras de cualquier estado, tanto a
escala europea como mundial. La cooperación de los movimientos sociales
europeos y una nueva clase política, realmente democrática, que actúe
por sus ciudadanos y no simplemente por los intereses de la industria
es necesaria en España y en Europa para construir entre todos un futuro
ecológico y solidario.
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Programa
previsto del Partido Verde Europeo en cooperación con el grupo
parlamentario de ICV en el Congreso de los Diputados y la Coordinadora
Verde:
Jueves 28
16h30 Conferencia de prensa
Rebecca Harms, Dany Cohn-Bendit, Joan Herrera y Raúl Romeva
17h00 Bienvenida
17h30 Presentación
* José Bono, Presidente del Congreso
* Rebecca Harms, Co-Presidenta del Grupo Parlamentario Verdes/ALE
* Joan Herrera, Diputado. Secretario General de ICV
* Ignacio Samper, director de la Oficina del Parlamento Europeo en
Madrid
18h00 La Presidencia española. ¿Qué prioridades para el futuro de
Europa?
Modera: Rebecca Harms, Co-Presidenta del Grupo Parlamentario Verdes/ALE
*
Presentación de prioridades por parte de Diego López Garrido,
Secretario de Estado para Asuntos europeos del Gobierno de España.
* Dany Cohn Bendit, Co-Presidente del Grupo Parlamentario Verdes/ALE
* Jordi Vaquer, Director de CIDOB, think tank de Relaciones
Internacionales
* Raúl Romeva, Eurodiputado por ICV.
* Juancho López Uralde, Presidente de Greenpeace-España
20h30 Fin de sesión
Viernes 29
10h00 Las prioridades verdes para la presidencia española:
Un New Deal Verde como camino de salida para la crisis
Modera : Monica Frassoni, Co-Portavoz del Partido Verde Europeo
* Jordi Guillot, Senador.
* Joaquin Nieto, Presidente honorífico de Sustain Labour
* Isabelle Durant, Vicepresidenta del Parlamento Europeo
Conclusiones: Philippe Lamberts, Eurodiputado y Coportavoz del Partido
Verde Europeo
11h30 Las prioridades verdes para la presidencia española:
¿Qué modelo energético para Europa?
* Rebecca Harms, Copresidenta del Grupo Parlamentario de Verdes/ALE
* Joan Herrera, Diputado
* Ladislao Martínez, Ecologistas en Acción
* Mar Asunción, responsable de Energía y Clima, WWF España
Estamos actualizando nuestra base de datos de
comunicados. Mientras tanto, puedes buscar comunicados de años
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