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 ¿QUÉ EUROPA QUEREMOS LOS VERDES? Documento elaborado con motivo de
la presidencia española de la Unión Europea MÁS EUROPA, MÁS DEMOCRACIA, MÁS
SOLIDARIDAD. La unificación de Europa en un marco político integrado y cohesionado es uno de los principios básicos de la visión verde, para asegurar la paz, la sostenibilidad y la solidaridad social, y para salvaguardar la autoridad política y democrática. Dada la ausencia de fronteras ecológicas y dada la abolición de barreras políticas y económicas como resultado del proceso de integración en el actual contexto de la globalización, una gran cantidad de problemáticas sólo puede ser abordada de forma eficaz y apropiada a nivel supra-estatal, como son las políticas referidas al medio ambiente, la agricultura, la política fiscal, la política exterior y la lucha contra el crimen organizado. Además, para asegurar que la legitimidad política y democrática de la Unión Europea no se vea comprometida, un nuevo equilibrio de poderes entre actores privados y públicos debería ser restaurado. Si entendemos la necesidad de lo político como espacio cívico de ciudadanía democrática y de regulación de las necesidades colectivas, la gestión pública ha de mantener o restablecer su capacidad de regular el mercado para frenar e introducir limites éticos, sociales, ecológicos y políticos a las nuevas formas de colonización de las multinacionales. Por ello, la integración política europea es necesaria. Hoy día, se estan eliminando las viejas obligaciones de protección social al tiempo que se multiplican las destrucciones de los procesos regenerativos de los sistemas vivos hasta llevarlos hasta la enfermedad y la extinción. La nueva trinidad internacional (OMC, BM, FMI) otorga ventajas y derechos ampliados a las compañías multinacionales de occidente mediante el control monopolístico de las relaciones económicas del mundo y en base a fines lucrativos. Las nuevas reglas propuestas del comercio mundial no reconocen el valor intrínseco de las formas de vida ni los derechos básicos de seguridad y bienestar humano, por el contrario, reclaman que la propiedad y los usos de la biodiversidad dejen de ser constreñidas por normas y derechos colectivos. La situación actual, en la cual estados individuales tienen que enfrentarse a grandes empresas multinacionales, es sencillamente inviable. DE LA EUROPA INTERGUBERNAMENTAL A LA EUROPA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA Los gobiernos han de abrir ahora un gran debate sobre las finalidades de la Unión Europea. Para nosotros, el debate permitiría lanzar un nuevo marco constituyente de la UE con el objetivo de definir un proyecto común. Hay que hacer de Europa un gran espacio de democracia supranacional, una federación de pueblos y de Estados. El contenido de este pacto debería encontrarse en el texto de una Constitución Europea de claro contenido democrático, ecológico y social. Un marco común constituyente ayudaría a motivar a la ciudadanía a considerar la UE como algo más que un simple mercado común; en este sentido, cabe recordar que la idea de una Constitución Europea está respaldada por 62% de los europeos, según el último Eurobarómetro. Tanto la Carta de los Derechos Fundamentales como la Constitución Europea habrían de ser instrumentos claves para la unidad y la legitimación democrática del proceso de integración europea. Cuando Aznar o Chirac hablan de una Constitución Europea no se refieren al mismo proyecto de Europa que nosotros defendemos, sino que tienen la idea de una Unión Europea que proteja las actuales prerrogativas de los Estados nacionales miembros, es decir, un proyecto que evidencia cada vez más sus grandes déficits de transparencia, subsidariedad y solidaridad. Estar a favor de una Constitución Europea, fuerte y vinculante, significa tratar de superar la enorme e incomprensible montaña de artículos, protocolos, cláusulas de exclusión y excepciones, que se ha desarrollado la Unión Europea desde Maastricht a Niza. Significa apostar por una Europa regida por un conjunto de normas, instituciones y competencias claras y rasas para toda su ciudadanía. Los Estados nacionales ya no serían los únicos ni los principales protagonistas del proceso de construcción europea. PRINCIPIOS Y ESTRUCTURAS FEDERALES PARA UNA CONSTITUCIÓN EUROPEA Para reformar la arquitectura institucional europea nos orientamos tanto por las ideas del federalismo como por el principio de la separación de poderes. El federalismo constituye una filosofía política idónea para ligar con objetivos comunes a entidades políticas separadas, ofreciendo un marco pacífico para afrontar las múltiples problemáticas y tensiones implicadas en la dialéctica entre la diversidad y la unidad. Queremos una Europa que no sea una burocracia distante sino un espacio democrático que permite la máxima participación de su ciudadanía mediante cauces legales y políticos. El gobierno europeo ha de fundarse en una Constitución comprensible, que marque los equilibrios de los poderes democráticos y, sobre todo, que proteja el conjunto los derechos fundamentales civiles, sociales, culturales y ecológicos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá velar por el cumplimiento de la Constitución Europea. HACIA UNA PLENA PARLAMENTARIZACIÓN DEMOCRÁTICA El Parlamento Europeo debe tener plenos poderes de co-decisión y capacidad presupuestaria. Nuestras propuestas estratégicas apuntan a conseguir que los miembros de la Comisión Europea respondan directamente ante el Parlamento Europeo, y estén sujetos a votos de confianza, individual y colectivamente. Una parte del Parlamento Europeo debe ser elegida en listas únicas trans-europeas, y las elecciones han de ser sobre la base de circunscripciones regionales, respetando el sistema proporcional y la paridad entre los sexos en las candidaturas. DE LA COMISIÓN EUROPEA AL GOBIERNO EUROPEO La Comisión necesita legitimidad democrática para constituirse en un Gobierno Europeo efectivo. Exigiría un fortalecimiento del mandato de la Presidencia mediante su elección en el seno del Parlamento Europeo y comportaría que los candidatos fueran la cabeza de las listas transnacionales más votadas. El Parlamento Europeo debería confirmar a cada uno de los comisarios, así como a la Comisión en su conjunto. Este sistema, probablemente, fomentaría gobiernos mediante amplias coaliciones y estimularía el interés ciudadano por las instituciones europeas. DEL CONSEJO DE MINISTROS A LA CÁMARA DE ESTADOS Y REGIONES Los representantes de los gobiernos nacionales no pueden continuar haciendo leyes a puerta cerrada sin sesiones públicas ni separación de los poderes ejecutivo y legislativo. Los ministros de los Estados no deben constituir una especie de gobierno en la sombra, lo que es claramente inviable después de la ampliación, y debe plantearse muy claramente la necesidad de separar el poder legislativo y el ejecutivo dentro del Consejo Europeo. El Consejo de Ministros ha de incluir representación de las regiones con parlamentos propios (las llamadas regiones con poder legislativo) y debe debatir y votar leyes en sesiones públicas, lo cual facilitaría el control democrático del Parlamento Europeo. LAS REGIONES EUROPEAS El Comité de las Regiones ha demostrado ser insuficiente para canalizar los deseos de participación regional en la toma de decisiones europeas. El Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la Gobernabilidad de la UE señala el papel que han de tener las regiones y, por el acuerdo de Niza, en la próxima reforma de los tratados tendrá que tenerse en cuenta en medio de un panorama diverso de posiciones en torno a la participación regional. Bélgica, con el apoyo de Alemania, quiere que las regiones europeas con poder legislativo tengan voz en la construcción europea. Alemania y Austria tienen voz regional en los Consejos. Francia, el Reino Unido y España se oponen radicalmente. Recientemente, 52 regiones se han reunido en Lieja en la Segunda Conferencia de Regiones con poder legislativo, y han planteado la exigencia de participación regional en el proceso de toma de decisiones de la UE y de participación directa en las delegaciones nacionales de la Convención. Es importante destacar la diferencia sustantiva que existe entre la idea federalista de soberanía y el concepto de soberanía defendido por el gobierno español. La soberanía entendida desde un modelo federal es compartida por los Estados federales, por lo que pueden ostentar la representación exterior. Contrariamente, en el estado español "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Denunciamos, una vez más, el grave error del Gobierno español que insiste en considerar todo cuanto se refiere al ámbito europeo como "representación exterior". LIMITAR LOS PODERES DEL CONSEJO EUROPEO El Consejo Europeo constituido por los jefes de Estado y los líderes de gobierno, constituye una anomalía en una estructura federal democrática. Las conclusiones del Consejo Europeo deben ser trasladadas al Parlamento Europeo, y si el Parlamento rechaza los acuerdos propuestos, la acción política del Consejo quedará sin efecto. Además, el Presidente de la Comisión debe moderar el Consejo Europeo. PARTIDOS POLÍTICOS EUROPEOS La presentación de listas europeas transnacionales y la selección de un candidato común para la Presidencia de la Comisión Europea podría favorecer la cooperación entre partidos nacionales y fortalecer el compromiso ciudadano por la política europea. Urge escenificar mucho más la política europea y crear mayores visibilidades en torno a personalidades y figuras políticas nuevas para poder involucrar más a la sociedad civil. Una campaña electoral transnacional acabaría consolidando una cultura política común y el debate sobre los grandes problemas colectivos. Creemos, pues, que hay que avanzar en reformas de la legislación correspondiente y ampliar así el estrechísimo debate actual sobre su financiación. REFERÉNDUMS EUROPEOS E INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES La legitimidad democrática de la Unión Europea necesita nutrirse de nuevas fuentes. Los referéndums y las iniciativas populares podrían forjar nuevas alianzas transnacionales entre ciudadanos, ONGs y partidos políticos. Sería otro paso a favor de una sociedad civil europea activa y visible. POR OTRA EUROPA MÁS ALLÁ DEL MERCADO Más allá de las reformas institucionales, el avance democrático de las políticas de la Unión Europea debería perseguir otros objetivos importantes como son los siguientes: la preservación del modelo social europeo; la convergencia social y medioambiental de la UE mediante el desarrollo de una fiscalidad ecológica, el abandono de la energía nuclear y la intensificación transversal de la lucha contra problemas globales como el del cambio climático, entre otros; una garantía y mejor definición de los servicios de interés general; la lucha contra los desequilibrios regionales y Norte-Sur; la convergencia de políticas en los ámbitos de la justicia y derechos humanos, y en particular en materia de inmigración y asilo; la protección y la promoción de la diversidad cultural. Valiéndose de su tradición de dialogo social, Europa debe oponerse a una ideología basada en la desregulación económica, y por el contrario, ha de guiarse por una filosofía política fundada en una jerarquía de normas que priorice el respeto a los derechos sociales y ecológicos, al principio de precaución ante los desarrollos tecnocientíficos y a las normas laborales fundamentales, como condiciones imprescindibles para regular el mercado. No hay otro modo de devolver la supremacía a la política con respeto a la economía que construir una Europa de inspiración federal, democrática y políticamente responsable en constante diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones cívicas europeas. Únicamente en este contexto se podrán formular de manera constructiva alternativas a una globalización injusta e insostenible. EL CONSEJO EUROPEO DE BARCELONA (15 Y 16 DE MARZO DE 2002) En la cumbre de Lisboa de marzo 2000 se acordó que en el mes de marzo se realizaría una reunión extraordinaria centrada en la economía y la cohesión social, el llamado Consejo Europeo de primavera. Posteriormente, La Declaración de Laeken señala que cada año antes del Consejo de primavera se realizará una Cumbre Social para dialogar con los interlocutores sociales y elaborar un programa de trabajo plurianual. Si bien el gobierno español ha afirmado que pretende "recuperar el espíritu original de Lisboa", hay que recordar que el acuerdo de Lisboa dice, textualmente: "El objetivo estratégico de la UE es hacer que la economía del conocimiento sea la más competitiva y la más dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible y acompañada de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una cohesión social mayor de aquí al 2010". Esta última parte se olvida frecuentemente, y la retórica de lo "sostenible" nada tiene que ver con nuestra idea verde de sostenibilidad fundada en los límites y la escasez de los recursos naturales del planeta. No podemos olvidar que las ambiciones del Gobierno español están en su afán de fortalecer las desregulaciones neoliberales mediante políticas que buscan la creación de un "espacio europeo de los transportes y las telecomunicaciones" y el reforzamiento de la liberalización y la interconexión de los mercados de la energía. La creación de un mercado único financiero (en especial: el plan de acción para los servicios financieros, directiva sobre las OPA) también es un objetivo para la presidencia de Aznar, al igual que la creciente movilidad de trabajadores y la flexibilización de los mercados de empleo. Exigimos que el Gobierno Español cumpla realmente lo que también ha afirmado: "Barcelona será la ocasión de evaluar la situación económica y social en la UE y en Barcelona se analizarán todos los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, la economía, los aspectos sociales y ambientales". INDICADORES SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA El 3 de diciembre pasado se aprobó una lista de 18 indicadores para medir la exclusión social y los niveles de pobreza. La Presidencia española no puede hacer caso omiso de la recomendación que la Comisión Europea ha hecho a España: debe aumentar el empleo femenino promoviendo una política diferente que posibilite la reconciliación de la vida familiar y el trabajo. Las altas tasas de precariedad y desprotección social en España se expresan en el hecho de que con un 13% de la población activa en paro, tiene el índice más alto de la UE. INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE La lista había sido encargada en marzo de 2000 durante el Consejo Europeo de Lisboa, que adoptó una serie de indicadores para medir el éxito de las reformas económicas, pero que ignoraban por completo la dimensión de la depreciación del capital natural y su impacto sobre el bienestar social y económico. Eran cuatro las dimensiones tomadas en cuenta por estos indicadores: el empleo, la innovación, la reforma económica y la cohesión social. La lista hecha pública el 31 de octubre contiene algunas novedades respecto a la lista inicial, introduce el nuevo campo de los indicadores destinados a medir algunos aspectos medioambientales del desarrollo. El futuro Consejo de Barcelona, tal y como se plantea oficialmente, deberá evaluar la aplicación de la estrategia del desarrollo sostenible sobre la base de los siguientes indicadores: 1) Contexto económico
general (no incluye la deuda de las administraciones públicas). Pero sin embargo, el Gobierno ya nos ha anunciado las rebajas al afirmar que "recuperar el espíritu original de Lisboa" significa que hay que poner más el acento en los aspectos económicos y no hacer del medio ambiente una política que englobara a todas las demás. Evidentemente, desvirtúa el significado del término "sostenibilidad". Según el propio Tratado de la Unión Europea está claro que ni el desarrollo sostenible ni la cohesión social pueden ser medidos con el baremo exclusivo del Producto Nacional Bruto (PNB). Defendemos la adopción de indicadores socioeconómicos y ambientales máximamente integrados e inspirados en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y los "Instrumentos de Sostenibilidad" desarrollados por el Centro de Investigación Conjunto. La reforma económica tiene mucho que ver con una orientación de la rentabilidad de las empresas hacia la producción limpia y la justicia social. La innovación no es sólo exportar productos de "alta tecnologia", sino proveer de nuevos recursos energéticos. El empleo no ha de consistir en tener cualquier trabajo que además de resultar alienante te pueda arruinar la salud, la propia y la ajena. Y la cohesión social también habría de significar la regeneración del aire "respirable" y agua "bebible" en las diferentes regiones de Europa. Hay que seguir mejorando la lista de los indicadores sobre las relaciones y los efectos del desigual acceso a recursos sociales y ecológicos, prestando más atención a los indicadores sobre la salud, el acceso a servicios o la situación de los trabajadores pobres. Hacemos una llamada a la Cumbre de Barcelona a mejorar, tal como ha indicado la Comisión Europea, la lista de indicadores con el fin de convertirla en una herramienta útil y más completa que permita evaluar las condiciones de precarización y exclusión de grupos y sectores sociales específicos, como mujeres, jóvenes y mayores. POR UNA ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD: La economía y la sociedad sólo pueden vivir con éxito y largo tiempo dentro de un medio ambiente natural sano y vivo. Un gran precio económico y social se está pagando por ignorar el acelerado deterioro ambiental de los vigentes procesos de producción y consumo. Se están destruyendo grandes recursos económicos y ecológicos que son necesarios para el futuro con un resultado de severos problemas sociales que hoy suelen afectar más a los más desfavorecidos. Los países del Sur son los primeros en sufrir las consecuencias directas de mal gobierno de los ecosistemas naturales, mientras los países del Norte son los principales responsables de las lesiones a los ciclos regenerativos de la naturaleza. Aparentemente parece que existe un consenso en torno a que el desarrollo sostenible es una gran prioridad en cada país. Pero, la cantidad de papeles y solemnes declaraciones emitidas contrastan con la pocas acciones concretas que se toman. Seguimos faltos un marco europeo y un marco internacional para tratar de cumplir el objetivo de maximizar el bienestar humano mientras creamos al mismo tiempo una base ecológica, social y económica para las futuras generaciones. Éste será el principal desafío de la Cumbre Mundial (Río+10) sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (del 26 de Agosto al 4 de Septiembre 2002), donde una estrategia de sostenibilidad debe ser presentada por la Unión Europea y por el resto de los participantes. Esta estrategia debe orientarse a una gestión de los recursos naturales compatible con la preservación de su capacidad de reproducción y con un bienestar social mucho más amplio que el crecimiento económico. Durante la presidencia española deberá acordarse dicha posición común de la UE. EXIGIMOS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA: 1. La rápida ratificación del Protocolo de Kioto para la reducción de gases responsables del cambio climático. La UE ha mantenido el liderazgo en este convenio y en la última Cumbre del Clima, celebrada el pasado mes de octubre en Marraquech (Marruecos), donde se acordó que el Protocolo de Kioto debería estar ratificado para la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Por tanto, la tramitación de la ratificación europea (y española) debe realizarse durante la Presidencia española. 2. Asegurar la puesta en práctica del Programa Europeo de Cambio Climático, que coordina las acciones sobre el suministro de energía, el sector industrial, el sector transporte y el comercio de emisiones. 3. La modificación y puesta en marcha de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, de cara a la Cumbre de Johannesburgo de "Río + 10". 4. Abordar el grave problema de la erosión del suelo y los procesos de desertificación. Afectan a toda la UE, aunque de manera más grave a los países de la cuenca mediterránea. 5. Reforzar la integración de las cuestiones ecológicas en todas las políticas de la U.E., tal como se inició con el "Proceso de Cardiff". 6. Alcanzar una mejora drástica de la propuesta de la Comisión sobre envases y residuos en general. 7. Mantener la moratoria existente sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Rechazar la propuesta de la Comisión de legalizar las importaciones de OMG ilegales saltandose las recomendaciones del Parlamento Europeo. La liberación comercial de los OMG obtenidos mediante manipulaciones biotecnológicas multiplica las lesiones y peligros que se infringen sobre la biodiversidad, la salud humana y sobre las economías agrícolas locales. 8. Estamos radicalmente en contra de la incorporacion en el derecho comunitario de la legislación sobre las patentes y los derechos de propiedad intelectual dirigidos al control mercantil del mundo vivo (tejidos humanos, plantas, animales, células, plásmidos, genes, semillas...), y desarrollados mediante el acuerdo TRIP dentro del acta final del GATT. Constituyen una nueva forma de biopiratería económica sobre la diversidad de conocimientos y prácticas tradicionales sostenibles de producción e innovación cultural que afectan sobre todo a los países empobrecidos del Tercer Mundo. 9. Asegurar que la revisión de las directivas de contrataciones públicas permitiera a las autoridades públicas: a) aplicar un enfoque de ciclo de vida a la hora de seleccionar sus productos y b) interiorizar los costes externos ecológicos y cumplir su obligación de proteger el interés público. 10. Acordar los estándares mínimos de reforma fiscal medioambiental en la U.E. A pesar de ser la sostenibilidad uno de los objetivos principales de la Unión Europea en todas sus políticas según consta en el tratado de Amsterdam, los imperativos ambientales y sociales siguen todavía muy lejos de ser reconocidos y tenidos en cuenta en todas las políticas de la UE. BREVE REPASO AL ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES: - - Política energética Sigue faltando la voluntad política y el marco legal para propiciar la rápida transición hacia modos sostenibles de producción y consumo energéticos. El Consejo Europeo debe finalmente adoptar un impuesto europeo sobre las emisiones de CO2, que ya fue propuesto por la Comisión en 1991, con una tasa mínima sobre todas las formas de energía no renovables. Nuevas normas de eficiencia energética deben ser aprobadas con el objetivo de reducir consumo en 2,5% cada año durante la próxima década. El marco general político de los mercados energéticos debe fomentar las energías renovables y las energías de transición, eliminando cualquier apoyo público a la energía nuclear. Euratom debe tener la única misión de gestionar residuos y debe ser integrado en la Unión Europea y puesto bajo del control del Parlamento Europeo. - - Política de transporte La UE sigue favoreciendo el transporte por carretera y por avión en lugar de fomentar el cambio hacia los modos sostenibles como el ferrocarril convencional, el transporte público, el transporte marítimo y la intermodalidad. La planificación territorial y la prevención del transporte todavía no están plenamente reconocidas como una parte de la política de transporte. El acuerdo de Eurovignette para camiones debe ser revisado para incorporar la distancia y los costes ambientales y sociales. El Consejo Europeo debe acordar una fiscalidad mínima sobre los carburantes. - - Política industrial También debe ser incluida en la Evaluación Ambiental Estratégica. El uso de materiales y energía en la industria y en el sector de servicios debe ser evaluado desde una perspectiva de "ciclo de vida", incluyendo los residuos producidos. La gestión de los peligros ambientales de sustancias químicas debe ser guiada por el principio de precaución, con claras fechas topes para la eliminación de algunas de ellas. Hay que asegurar que todas las sustancias peligrosas pasen por el procedimiento de autorización marcado por la Comisión Europea antes del 2005. - - Políticas de competitividad de la UE Deben favorecer con ayuda financiera a la producción y a la distribución ecológicas, y deben limitarse las ayudas a industrias con prácticas insostenibles. Se deben revisar las normas de contrataciones públicas para permitir a los Estados miembros tener en cuenta la minimización de costes externos ecológicos en sus gastos de bienes y servicios. - - Política agrícola A pesar de algunas mejoras recientes, la Unión Europea sigue subvencionando prácticas intensivas que generan crecientes destrucciones y peligros socioambientales. En la evaluación y reforma de la Política Agraria Común (PAC), y con vistas a la ampliación, el apoyo financiero debería basarse en principios ambientales, sanitarios, sociales y de bienestar animal. Los subsidios de la PAC sólo se pueden justificar si se transforman en pagos para los servicios públicos ofrecidos por los agricultores para la conservación de la naturaleza, la protección del paisaje cultivado y el almacenamiento de agua. El principio de precaución y el principio de internalizar costes ambientales deben ser implementados tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Hay que acabar con la política europea de sobreproducción y "dumping" que está hundiendo los precios y poniendo en peligro la supervivencia de agricultores de los países empobrecidos del Sur. En este sentido, hacemos nuestro el contenido del documento del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo "10 pasos para reformar la PAC". La UE ha de impulsar la ratificación del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en la producción alimenticia. España incumple la Directiva europea que obliga a inventariar productos e instalaciones con bifenilos policlorados (PCB) y evaluar los niveles de contaminación y riesgos para la salud. Son necesarios informes sobre la exposición de las poblaciones humanas a agentes químicos ambientales. - - Política de pesca Necesita una gestión para prevenir la sobre-explotación, fomentar las formas de pesca más artesanales y adaptar el tamaño de las flotas europeas a la pesca disponible. Exigimos una política integrada que combine la conservación de la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas marinos. - - Políticas estructurales Necesitan unas herramientas de evaluación de su impacto ambiental y social. Hay que acordar unos indicadores comunes y cuantificables de la sostenibilidad para la financiación europea de proyectos (las grandes infraestructuras insostenibles como las incluidas en el Plan Hidrológico Nacional no deberían recibir fondos europeos). A largo plazo, los Fondos Estructurales deberían convertirse en Fondos de Desarrollo Sostenible compartidos en el ámbito local y regional. Hay que fortalecer la participación regional y las necesidades de las mujeres en el proceso de decisión sobre la adjudicación de fondos. - - Política social La Carta de los Derechos Fundamentales y la futura Constitución Europea pueden significar unos pasos hacia una Europa más inclusiva y solidaria. Hacen falta unas mínimas normas sociales a escala europea. Los derechos sociales y laborales básicos tienen que estar establecidos en la Constitución y en la legislación de la Unión Europea. El diálogo social europeo debe ser llenado de contenido más allá de las declaraciones de buenas intenciones. Hay que facilitar y regular los derechos de trabajadores, especialmente con referencia a su información, participación, control y codecisión en las empresas. El libre movimiento de personas entre países sólo será una realidad cuando se eliminen los obstáculos prácticos que aún existen en la fiscalidad, la seguridad social y los derechos a pensiones. El cierre repentino de grandes empresas debe ser penalizado fuertemente. Y hay que avanzar hacia un sistema de renta básica europea. NUESTRA AGENDA DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL INCLUYE: 1) Una reducción de las horas laborables para combatir al desempleo y para favorecer una distribución más justa de trabajo retribuido y no-retribuido, y que además permita repartos más equitativos del trabajo doméstico entre los sexos y una mayor incorporación de las mujeres al mercado de empleo. 2) Masiva inversión en el campo de la educación para evitar la creciente división social en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la red de conocimientos que se distribuyen por las mismas. 3) El establecimiento de normas mínimas de seguridad social en la UE. 4) Frente al aumento de la población de más edad hay que tomar medidas audaces y flexibles para aprovechar las capacidades productivas y creativas de las personas mayores. 5. El Consejo Europeo "social" de cada primavera debe convertirse en un "Consejo de Sostenibilidad Social y Ambiental". 6) La fiscalidad ecológica sobre el sobreconsumo de recursos ambientales debe ser un eje político prioritario que ha de ser introducida en la UE para comenzar a internalizar los costes socio-ambientales, destinando los ingresos a la creación de empleo con fines sociales y ecológicos. ¿QUÉ OTRA EUROPA QUEREMOS LOS
VERDES? LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Como consecuencia de los atentados del 11 de Septiembre, la UE ha acelerado la cooperación judicial y policial entre los Estados miembros. Conseguir un espacio judicial único es un compromiso de la UE para el año 2004, sin embargo la lucha antiterrorista no es el único eje de ese compromiso. La propuesta de Euroorden de arresto y entrega y la cooperación con los EE.UU. no debe contradecir el artículo 6 del tratado de la Unión que se refiere al respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales y los procesos legales. Ninguna persona debe ser enviada a un Estado donde exista la pena de muerte, la tortura o procedimientos judiciales especiales como son los tribunales militares. Los derechos humanos no pueden quedar en un segundo plano. La lucha contra el terrorismo no debería ni erosionar los derechos civiles ni eclipsar políticas sociales y ambientales. ASILO E INMIGRACIÓN La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el Consejo Europeo de Tampere dieron a la UE competencias para elaborar una política europea de inmigración. La Comisión Europea ha planteado numerosas propuestas, a partir de lo acordado en Tampere, que el Consejo ha ido aplazando indefinidamente. La Cumbre de Laeken debía revisar los avances logrados, pero los hechos del 11 de Septiembre apartaron este tema de la agenda. La presidencia española debe dar un nuevo impulso a todas las propuestas que están encima de la mesa. Ello implicaría, entre otras cuestiones: a) Garantizar la
integración y los derechos sociales y de diversidad
cultural de las personas inmigradas a partir de su
llegada a la UE. POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN El gobierno español pone el acento sobre la política europea de seguridad y de defensa, en las capacidades militares efectivas y en los mecanismos de reacción rápida. Por otra parte, también hemos visto la adhesión incondicional de Aznar a todas las propuestas de la administración norteamericana. Reiteramos, una vez más, la necesidad de que Europa se afirme como una fuerza única a favor del multilateralismo, la gestión no-violenta de conflictos (prevención de conflictos armados, control del comercio de armas, desarrollo de los aspectos civiles en la gestión de conflictos, coherencia con la política de ayuda), la protección de los derechos humanos con especial atención a las mujeres y las minorías, y garantize de la operatividad de instituciones como las Naciones Unidas o el futuro Tribunal Penal Internacional. La UE debe desarrollar una política exterior común y autónoma basada en la promoción de la democracia, la igualdad de géneros, los derechos humanos y la sostenibilidad. Debe abogar por la reducción de la desigualdad entre naciones y pueblos y la protección de minorías étnicas y religiosas. CONFERENCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÁNEA (Valencia, 18 y 19 de Abril del 2002). Exigimos de la UE una posición mucho más clara sobre el conflicto árabe-israelí. Debe identificar la responsabilidad de Israel en la ocupación y colonización de los territorios palestinos, desoyendo las resoluciones de la ONU y los acuerdos de Oslo. Debe considerar la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel como una medida de presión para la aceptación de observadores y fuerzas internacionales de interposición y la paralización de la construcción de asentamientos. La UE debe liderar una solución internacional que garantice una paz duradera basada en la creación de un Estado palestino independiente y viable y la seguridad legitima del Estado de Israel. La UE debe relanzar el fracasado proceso Euro-med de Barcelona, corrigiendo los masivos incumplimientos con compromisos concretos de cooperación con la sociedad y el tejido civil de los países del Norte de Africa. Graves problemas de la zona como son la explosión demográfica, la desertificación, perdida de recursos hídricos y ambientales, la despoblación rural y el deterioro de la habitabilidad urbana, abocan a procesos intensos de fanatismo fundamentalista como formas de resistencia desesperada. Por ello, hacemos una llamada por un "Pacto por la supervivencia", que implique una transferencia masiva de tecnologías apropiadas y ecológicas de la UE para propiciar un nuevo marco de desarrollo y localización autocentrados menos dependientes de la indeterminación y riesgos de la globalización económica, y para aprovechar sus grandes potencialidades de producción de energía solar y eólica. El proyectado mercado libre del mediterráneo no debe tener la consecuencia de destruir los mercados locales y regionales, ni ha de apoyarse en la masiva exportación de monocultivos intensivos que eliminan uno de los recursos más escasos y valiosos de la zona: el agua. Suecia y España presentaron en Octubre el plan de acción por el diálogo entre las culturas y las civilizaciones. Habría de acordar una serie de iniciativas serias y amplias en los campos de la juventud, la educación y los medios de comunicación para construir fuertes puentes culturales entre la ribera norte y la ribera sur del mediterráneo. Pedimos que este plan sea adoptado en la reunión de Valencia. Por otra parte, esperamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha manifestado su interés en colaborar para la creación del Banco Europeo para el Desarrollo Euromediterráneo, busque a orientar sus inversiones hacia la sostenibilidad social y ambiental de la zona. IBEROAMÉRICA Ante la actual crisis de Argentina la preocupación principal de la UE y de España no ha de ser unas cuantas empresas multinacionales europeas sino como responder a la penosa situación del pueblo argentino. El papel de la UE debe dirigirse a favorecer dinámicas económicas responsables con la justicia social y ambiental en los países de Iberoamérica. La UE debe introducir criterios claros sociales y ambientales para sus intercambios comerciales con Latinoamérica. COOPERACIÓN Y DESARROLLO Según el gobierno español, la presidencia española en materia de cooperación al desarrollo tendrá como ejes fundamentales impulsar la democracia y la educación. Y no hay que olvidar que será durante la presidencia española que tendrá lugar la Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo, en Monterrey (del 18 al 22 de Marzo 2002). Pedimos una nueva orientación de las políticas para el desarrollo para dirigirlas hacia una ayuda masiva que posibilite formas económicas sostenibles enraizadas localmente y no-dependientes de los vaivenes y circunstancias de los mercados internacionales. POLÍTICA DE COMERCIO MUNDIAL Europa debe asegurar que el régimen de comercio de la OMC sea equilibrado a partir de la creación de nuevas instituciones de gobernabilidad global por encima del comercio como la Organización Mundial de Medio Ambiente, que puede ser creada en la Conferencia de Johannesburgo este año. Allá donde se propone una liberalización del comercio, como en la zona del Mediterráneo, es necesario de llevar a cabo evaluaciones de impacto sostenible para prevenir la consecuencias negativas. Una parte importante de una política de comercio sostenible es la transferencia de ayuda técnica y financiera para integrar la sostenibilidad, la soberanía y autosuficiencia alimentaria en el Sur. Una tasación internacional sobre flujos financieros especulativos podría ayudar a movilizar fondos hacía el bienestar del Sur. POLÍTICAS DE DESARROLLO Debe dar prioridad a la protección del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, que son imprescindibles para el futuro de países del Sur y que peligran a causa de los intereses económicos de los países del Norte. Europa debe jugar un papel clave en este sentido en la Cumbre de Río+10. Exigimos también la elaboración de un calendario vinculante para que antes de 2010 los Estados miembros cumplan el objetivo de dedicar el 0,7% del PIB a ayuda al desarrollo (España está en los países de cola en cuanto a ese objetivo). LA AMPLIACIÓN DE LA UE La cumbre de Laeken ha encargado a la presidencia española que comience a redactar los tratados de adhesión de los futuros miembros de la UE. Son en total trece, aunque sólo diez de ellos estarán preparados para poder incorporarse a partir del año 2004: Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Chipre, Malta, Letonia, Lituania y Estonia. Tres países - Rumania, Bulgaria y Turquía- deberán esperar. El objetivo de la ampliación es un paso importante hacia la reunificación histórica del continente. Al gobierno español le ha tocado negociar algunos de los capítulos más difíciles: la agricultura, la política regional y las cuestiones presupuestarias. La UE destina actualmente a agricultura y política regional cerca del 80% del presupuesto comunitario. Se puede comprometer el mantenimiento de las ayudas que hoy reciben países como la propia España, en el caso de los fondos estructurales, y Francia, en el de las subvenciones agrícolas. Mientras la población y la superficie de la Unión ampliada se multiplicarán por tres, su PIB sólo aumentará en un 5%. Por ello, el incremento del presupuesto comunitario para financiar las políticas de cohesión es fundamental si no quiere desembocar en una mera zona de libre comercio. La negociación del capítulo sobre la agricultura no puede hacerse al margen de la necesidad de elaborar una nueva Política Agrícola Común (PAC) y de implantar una auténtica política europea de seguridad alimentaria. Los capítulos que debe negociar España tienen una especial relación con la sostenibilidad ambiental y social. Actualmente, sería absurdo comenzar a aplicar la PAC actual en los países candidatos cuando es obvio que crearía múltiples lesiones sociales y ambientales sobre las amplias zonas rurales de estos países. En cuanto a la política regional, la modernización ayudada por fondos europeos no debe significar ni la destrucción ambiental ni la erosión del tejido social y productivo tradicional. LA PUESTA EN CIRCULACIÓN DEL EURO Y LA POLÍTICA FISCAL El euro ya es protagonista en un ámbito de 300 millones de consumidores. Tiene las condiciones básicas para consolidarse como una moneda internacional dominante al lado del dólar. Sin embargo, junto con un potente mercado comercial y financiero, necesitamos una plena armonización fiscal y unos recursos suficientes para asegurar una auténtica cohesión económica y social. En este sentido, la presidencia española no puede olvidar que la Comisión Europea ya ha presentado, el pasado mes de octubre, una comunicación que plantea la urgencia de revisar la política fiscal de la UE. Dificultad que supone el hecho de que aún sea un tema sometido a la unanimidad del Consejo. Forma parte también de nuestra agenda de la sostenibilidad el rechazo a una "competitividad fiscal sana" entre distintos Estados y regiones. Defendemos una armonización progresiva del sistema fiscal. La presión fiscal sobre la energía debe ser armonizada y aumentada, siempre dentro de unos impuestos finalistas. Se debería crear un impuesto europeo sobre las transacciones de capital de corto plazo que pudiera ser consideradas especulativas, con el objetivo de promocionar esta medida en el ámbito internacional y la UE debe luchar en contra de los paraísos fiscales y otras formas de fraude. |
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