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AGUABLANCA Y EL ESPEJISMO DESARROLLISTA

Ramón Luengo, miembro de Los Verdes de Extremadura
- 22 de febrero de 2004 -

Hay quien dice que el retraso histórico de Extremadura se debe en parte a que perdió el tren de la era industrial. Tal vez sea cierto, pero lo que entonces pudo ser una debilidad, hoy, en la era postindustrial, es nuestra fortaleza: Extremadura ha sufrido relativamente poco los efectos negativos del desarrollismo industrial, ha conservado casi intacto su capital natural y, a la hora de impulsar un desarrollo económico sostenible, aún estamos a tiempo de aprender de los errores cometidos en otros lugares para no repetirlos.

Sin embargo, esta potencial posición de privilegio está siendo desaprovechada por culpa de la estrechez de miras de nuestros gobernantes, tanto nacionales como autonómicos, que hablan mucho de "desarrollo sostenible" pero que en la práctica siguen anclados en las viejas ideas desarrollistas, ya obsoletas, apostando por proyectos y modelos agresivos hace tiempo superados en la mayoría de los países europeos por insostenibles e ineficaces.

El proyecto de la mina de Aguablanca, en Monesterio, es un destacado ejemplo de esta falta de perspectiva: una mina de níquel a cielo abierto en una zona de gran valor ecológico, a pocos metros de dos parques naturales, que supondrá la destrucción irreversible de 350 hectáreas de dehesa y el arranque de unos 30.000 árboles. Escombreras de 40 m. de altura cubrirán un área de unas 120 hectáreas.

Asociaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción o Adenex han denunciado graves irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y han alertado del peligro de este "Aznalcóllar extremeño", pues a pocos años del desastre producido en la provincia de Sevilla se plantea un proyecto similar, con una balsa de lodos tóxicos de 100 hectáreas de superficie y 18 millones de metros cúbicos, ubicada en terrenos con alto riesgo de filtración y junto a la Ribera de Cala, que forma parte de la cuenca de abastecimiento de diversas poblaciones, entre ellas la ciudad de Sevilla.

Pero no sólo las asociaciones ecologistas se oponen al proyecto. La Junta de Andalucía ha presentado un recurso contra el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, la Diputación de Sevilla ha aprobado una declaración contraria al proyecto de explotación y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha determinado que el uso actual de las aguas de la Ribera de Cala es incompatible con la explotación minera a cielo abierto proyectada.

La escandalosa permisividad del Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta de Extremadura ante un proyecto tan destructivo y peligroso sólo parece explicarse por la seducción del espejismo desarrollista, que promete en falso la creación de riqueza y empleo. Pero la realidad es que el proyecto actual de la mina de Aguablanca dará trabajo a muy pocas personas de la comarca y sólo durante once años, tras los cuales el área afectada quedará inservible. Subvenciones públicas y beneficios para una multinacional norteamericana a cambio de… nada.

En una zona de gran valor natural, famosa por la cría del cerdo ibérico y económicamente dinámica gracias, entre otras cosas, a esta actividad y a la industria de transformación relacionada, sobra una mina a cielo abierto con la mala imagen y el enorme impacto ambiental que conlleva. Sobre todo si se tiene en cuenta que en ese mismo espacio la ganadería extensiva, combinada tal vez con el turismo rural, permite un número similar de puestos de trabajo y, a diferencia de la mina, permanentes.

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